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domingo, 15 de marzo de 2015

DÉCIMO CUMPLEAÑOS NO TAN FELIZ

            En una somera impresión, y tras casi 10 años de vigencia de la LOIVG, podemos decir que su cumplimiento, aun con tímidos avances en aspectos muy accesorios, se ha visto frenado sobre todo a raíz del retroceso que ha supuesto el retorno del PP al gobierno desde 2011. Los recortes en política social durante la presente legislatura han sido brutales (en lucha contra violencia de género se recortó un 27% en 2012) y bien podrían calificarse de “hachazo”[1].
El hecho de que justamente en los años de gobierno del PP haya descendido el número de muertes por violencia de género y el aumento del número de dispositivos telemáticos de control de maltratadores (con todo más que insuficiente) no se debe tanto a la labor favorable del mismo como al hecho de que el espíritu y las medidas consecuencia de la LOIVG han empezado a calar entre la población durante estos 10 años desde su entrada en vigor, aunque bien es cierto que aún bastante lejos del grado en que ello sería deseable. Y en lo que respecta al radical descenso de denuncias por violencia de género (de 134.002 en 2011 a 95.311 en 2014) no es debido tanto a la eficacia de las políticas sino al hecho de que las mujeres  experimentan de nuevo una sensación de indefensión y se encuentran remisas a denunciar por la vuelta a un estado de cosas que recuerda a algunos de los aspectos más sombríos de la dictadura franquista, vuelta forzada y auspiciada por el gobierno y secundada principalmente por los medios afines al mismo.


Hemos asistido a ese inicio de involución educativa impuesta a contracorriente desde el poder por medio de la LOMCE –especialmente en lo concerniente a religión-, a unos patrones educativos patriarcalmente arcaicos, que refuerzan la división hombre-vida pública y profesional/mujer-vida privada y doméstica. Estamos contemplando la progresiva hipersexualización de la infancia que llega hasta el pavoroso extremo de centros de estética, spa, minidiscotecas y lencería para niñas pequeñas, deformándolas para que acaben cumpliendo el patrón de Barbies o mujeres-florero y abocándolas progresivamente al sexo, a una vida emocional desestructurada y a todo tipo de violencia patriarcal con escasos o nulos recursos de autodefensa[2]. Vemos el resurgir, bajo nuevas y sutiles apariencias, de los estereotipos y modelos de relación patriarcales como el del amor romántico, ofrecidos por la mayor parte de la publicidad y los falsimedia, cómplices del vaciado de contenido tanto en lo que se refiere a las relaciones personales como a otros ámbitos, sobre todo a través de la telebasura. Estamos padeciendo el alarmante aumento en cantidad y gravedad, en el ámbito público, de comportamientos abiertamente machistas cuando no misóginos (como, p. ej., el caso de los hinchas radicales del Betis que apoyan con sus cánticos al jugador Rubén Castro, encausado por infligir maltrato físico y psicológico a su expareja y a su vez respaldado implícitamente por La Razón con un escalofriante cinismo en el tratamiento dado a la crónica de un partido en que el susodicho jugador se mostró especialmente efectivo[3]; o los casos de políticos con alusiones netamente machistas y despectivas hacia las mujeres; o el del descerebrado “bromista” agresor callejero de mujeres, viral en Internet). Y hemos asistido también al franco retroceso de un poder judicial a merced del partido en el gobierno y a una no por más velada menos flagrante conculcación de la separación de poderes como mecanismo para soslayar la corrupción, lo cual, en materia de violencia de género, ha supuesto la excesiva permisividad judicial traducida tanto en sentencias exculpatorias a maltratadores como en la concesión de custodias compartidas a maltratadores probada y manifiestamente peligrosos que, finalmente, ha sido la causa de la muerte anunciada de sus víctimas, tanto de mujeres como de sus hijxs, en una casi total vulneración de la mayor parte de artículos del Código Penal a que hace alusión el título IV de la LOIVG.


En resumen, serias contravenciones que, en la práctica, suponen una inutilización a efectos prácticos, cuando menos parcial, de la LOIVG en todos sus aspectos, desde la prevención y educación hasta la atención y protección a las víctimas, pasando por el tratamiento judicial de la violencia de género. Una seria negligencia (con una más o menos visible o soterrada carga de cinismo) que considera las quejas y demandas de las mujeres como poco menos que caprichos y a lxs menores como seres inmaduros “que no saben lo que quieren”. Una seria negligencia que mereció la reprobación y condena de la ONU al respecto a finales del verano del 2014, la cual instó al gobierno español a subsanar sus “deficiencias y errores”[4] con la “diligencia debida”. Un gobierno que, con esa negligencia, queda desenmascarado él también como maltratador por infligir a las víctimas (también a las mortales) el daño del olvido, la desatención y el menoscabo, cuando no el del mero menosprecio.




[1] Elena Valenciano, “Recortar en la lucha contra la violencia de género es recortar en vidas”, en Mujeres en Red, noviembre de 2012 (http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2059).
[3] “Es un presunto maltratador, pero mete goles”, en eldiario.es, 10 de marzo de 2015 (http://www.eldiario.es/micromachismos/presunto-maltratador-mete-goles_6_365073524.html).
[4] María Concepción Torres Díaz, “¿Es España diligente en la lucha contra la violencia de género?”, en eldiario.es, 3 de septiembre de 2014 (http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Espana-diligente-lucha-violencia-genero_0_299220575.html ).

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