En
una somera impresión, y tras casi 10 años de vigencia de la LOIVG, podemos
decir que su cumplimiento, aun con tímidos avances en aspectos muy accesorios, se
ha visto frenado sobre todo a raíz del retroceso que ha supuesto el retorno del
PP al gobierno desde 2011. Los recortes en política social durante la presente
legislatura han sido brutales (en lucha contra violencia de género se recortó
un 27% en 2012) y bien podrían calificarse de “hachazo”[1].
El hecho de que justamente
en los años de gobierno del PP haya descendido el número de muertes por
violencia de género y el aumento del número de dispositivos telemáticos de
control de maltratadores (con todo más que insuficiente) no se debe tanto a la
labor favorable del mismo como al hecho de que el espíritu y las medidas
consecuencia de la LOIVG han empezado a calar entre la población durante estos 10
años desde su entrada en vigor, aunque bien es cierto que aún bastante lejos
del grado en que ello sería deseable. Y en lo que respecta al radical descenso
de denuncias por violencia de género (de 134.002 en 2011 a 95.311 en 2014) no
es debido tanto a la eficacia de las políticas sino al hecho de que las mujeres
experimentan de nuevo una sensación de
indefensión y se encuentran remisas a denunciar por la vuelta a un estado de
cosas que recuerda a algunos de los aspectos más sombríos de la dictadura
franquista, vuelta forzada y auspiciada por el gobierno y secundada principalmente
por los medios afines al mismo.
Hemos asistido a ese
inicio de involución educativa impuesta a contracorriente desde el poder por
medio de la LOMCE –especialmente en lo concerniente a religión-, a unos
patrones educativos patriarcalmente arcaicos, que refuerzan la división
hombre-vida pública y profesional/mujer-vida privada y doméstica. Estamos
contemplando la progresiva hipersexualización de la infancia que llega hasta el
pavoroso extremo de centros de estética, spa,
minidiscotecas y lencería para niñas pequeñas, deformándolas para que acaben
cumpliendo el patrón de Barbies o mujeres-florero y abocándolas progresivamente
al sexo, a una vida emocional desestructurada y a todo tipo de violencia patriarcal
con escasos o nulos recursos de autodefensa[2]. Vemos el resurgir, bajo
nuevas y sutiles apariencias, de los estereotipos y modelos de relación
patriarcales como el del amor romántico, ofrecidos por la mayor parte de la
publicidad y los falsimedia, cómplices del vaciado de contenido tanto en lo que
se refiere a las relaciones personales como a otros ámbitos, sobre todo a
través de la telebasura. Estamos padeciendo el alarmante aumento en cantidad y
gravedad, en el ámbito público, de comportamientos abiertamente machistas
cuando no misóginos (como, p. ej., el caso de los hinchas radicales del Betis que
apoyan con sus cánticos al jugador Rubén Castro, encausado por infligir
maltrato físico y psicológico a su expareja y a su vez respaldado
implícitamente por La Razón con un
escalofriante cinismo en el tratamiento dado a la crónica de un partido en que
el susodicho jugador se mostró especialmente efectivo[3]; o los casos de políticos
con alusiones netamente machistas y despectivas hacia las mujeres; o el del
descerebrado “bromista” agresor callejero de mujeres, viral en Internet). Y
hemos asistido también al franco retroceso de un poder judicial a merced del
partido en el gobierno y a una no por más velada menos flagrante conculcación
de la separación de poderes como mecanismo para soslayar la corrupción, lo
cual, en materia de violencia de género, ha supuesto la excesiva permisividad
judicial traducida tanto en sentencias exculpatorias a maltratadores como en la
concesión de custodias compartidas a maltratadores probada y manifiestamente
peligrosos que, finalmente, ha sido la causa de la muerte anunciada de sus
víctimas, tanto de mujeres como de sus hijxs, en una casi total vulneración de
la mayor parte de artículos del Código Penal a que hace alusión el título IV de
la LOIVG.
En resumen, serias
contravenciones que, en la práctica, suponen una inutilización a efectos
prácticos, cuando menos parcial, de la LOIVG en todos sus aspectos, desde la
prevención y educación hasta la atención y protección a las víctimas, pasando
por el tratamiento judicial de la violencia de género. Una seria negligencia
(con una más o menos visible o soterrada carga de cinismo) que considera las
quejas y demandas de las mujeres como poco menos que caprichos y a lxs menores
como seres inmaduros “que no saben lo que quieren”. Una seria negligencia que
mereció la reprobación y condena de la ONU al respecto a finales del verano del
2014, la cual instó al gobierno español a subsanar sus “deficiencias y errores”[4] con la “diligencia debida”.
Un gobierno que, con esa negligencia, queda desenmascarado él también como
maltratador por infligir a las víctimas (también a las mortales) el daño del
olvido, la desatención y el menoscabo, cuando no el del mero menosprecio.
[1] Elena
Valenciano, “Recortar en la lucha contra la violencia de género es recortar en
vidas”, en Mujeres en Red, noviembre
de 2012 (http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2059).
[2] “Las
niñas objeto” en El Mundo, 14 de
marzo de 2015 (http://www.elmundo.es/espana/2015/03/14/5502e444e2704ed4048b457e.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=twitter).
[3] “Es un
presunto maltratador, pero mete goles”, en eldiario.es,
10 de marzo de 2015 (http://www.eldiario.es/micromachismos/presunto-maltratador-mete-goles_6_365073524.html).
[4] María
Concepción Torres Díaz, “¿Es España diligente en la lucha contra la violencia
de género?”, en eldiario.es, 3 de
septiembre de 2014 (http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Espana-diligente-lucha-violencia-genero_0_299220575.html
).
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